Hace algunos meses se puso en marcha el denominado “Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos” del Banco de España, obligatorio para profesionales y empresas que se dedican al intercambio de criptodivisas y que prestan sus servicios en España. La inscripción en el registro requiere documentación de todo tipo, pero es un mero formalismo, porque, según advierten expertos como el perito informático Javier Rubio Alamillo, ingeniero informático colegiado, esto no garantiza la solvencia de ninguna de las empresa inscritas. La situación es tan grave que, a juicio de Rubio, “el registro es más perjudicial que beneficioso para el consumidor final, puesto que muchas de las empresas inscritas, se promocionan en Internet y en redes sociales, afirmando que han superado los controles del Banco de España, lo cual, evidentemente, es falso. Todo ello con el único objeto de atraer el capital de los ahorradores, que muchas veces se esfuma, una vez invertido en estas empresas, sin posibilidad alguna de recuperación, puesto que dichas empresas son económica y técnicamente insolventes y canalizan el dinero a través de complejos entramados societarios internacionales”. El perito informático denuncia que existen algunas empresas registradas que han