La proposición relativa a la actividad de las clínicas estéticas del Grupo Parlamentario Socialista, que ha salido adelante en los términos de una enmienda transaccional acordada con el Grupo Popular, insta al Gobierno a “fijar criterios sobre el control y cumplimiento” de la normativa relativa a la Cirugía Estética, “facilitar a los pacientes información sobre las competencias y técnicas”, modificar el Real Decreto 1277/2003 que establece las bases sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios; y “luchar por la erradicación de cualquier intrusismo y pseudociencia”.

Esta propuesta urgente nace de la sensibilización social por las últimas muertes ocurridas en Murcia y Madrid, derivadas de intervenciones de Cirugía Plástica y a la creciente judicialización del sector por una oferta desbocada con publicidad poco rigurosa y la intervención de médicos sin la especialización necesaria en los casos de cirugía mayor.

En esta línea, según informa La Vanguardia, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) anunció ayer la presentación diligencias preliminares a una demanda de 330 mujeres en España contra la firma de tratamientos estéticos norteamericana Allergan por un tipo de prótesis mamarias –retiradas en el 2019– que han sido vinculadas a cientos de casos de linfoma y, al menos, 15 muertes de mujeres que llevaban estos implantes. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) decidió en diciembre del 2018 el cese de la comercialización de estas prótesis y su retirada del mercado por no disponer del certificado europeo CE.

Los datos de 13 países y Reino Unido indican la existencia de 345 casos de linfoma presuntamente causado por un implante, 41 de ellos se registraron en España. En los casos en los que se conocía el tipo de prótesis, 279 (el 94,75%) eran texturizadas.

Con esta acción judicial a la que se han sumado 330 mujeres, la OCU busca “una indemnización para aquellos casos en que la paciente portadora haya desarrollado linfoma anaplásico de células grandes”, o que, aunque no lo haya desarrollado, “sufra un daño moral por la amenaza y la preocupación que supone el riesgo a padecer esa enfermedad”.

Las demandas judiciales han de estar acompañadas de informes periciales realizados por peritos médicos especialistas en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. El Dr. Alfonso Roldán, director del gabinete pericial LRL PERITOS MÉDICOS ASOCIADOS, premiado este año con el premio Nacional de Medicina Siglo XXI, confirma que el número de demandas ha crecido exponencialmente en los últimos meses y la especialización de su empresa en estos dictámenes.. “Existe una enorme sensibilidad entre los médicos, los pacientes, las aseguradoras y la sociedad en general”, afirma el Dr. Roldán. La nueva normativa debe servir para poner orden en la publicidad sanitaria, la bioética, la información de los consentimientos y la capacitación real de cada profesional médico. La confusa legislación en materia de cirugía plástica y medicina estética no establece actualmente una competencia profesional delimitada entre los médicos.