Con el objetivo de dar impulso a la Agenda 2030 y compartir las novedades jurídicas más recientes en temas clave de interés europeo, los días 15 y 16 de julio ha tenido lugar la XVIII edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Jaén (UJA), organizados por dicha universidad y por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) en el municipio jienense de Torres.

Allí se ha reunido un buen número de profesionales con una dilatada experiencia en el ámbito jurídico y académico para discutir acerca de aspectos prioritarios en la Agenda 2030 de los líderes políticos de la Unión Europea, como es la puesta en marcha de diferentes iniciativas estratégicas en aras del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Así, en el día de ayer se celebraron diversas mesas de debate para poner en común algunos avances que han tenido lugar en la última legislatura en lo concerniente a la lucha por la igualdad de género, como es la adopción de la primera Directiva de la UE sobre violencia de género, un paso calificado como “histórico” que establece un marco penal común acerca de cuestiones como la explotación sexual de mujeres y niños y todos aquellos delitos que tienen lugar al amparo de las nuevas tecnologías, como el ciberacoso, el ciberacecho y la incitación a la violencia o al odio por medios cibernéticos. No obstante, se lamentó que esta directiva haya dejado fuera la tipificación penal de la violación basándose en la falta de consentimiento.

De igual modo, acaparó la atención la reforma de la Directiva relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, incluidas las de colectivos vulnerables como mujeres migrantes y con discapacidad. Para ello incorpora avances como considerar a la maternidad subrogada, el matrimonio forzado y la adopción ilegal como tipos de explotación que entran en el ámbito de la definición de trata.

Asimismo, la defensa del medioambiente se ha convertido en un eje prioritario de acción, tal y como exige el cumplimiento de los objetivos 13 (acción por el clima) y 15 (vida de ecosistemas terrestres) de la Agenda 2030. De ahí la aprobación, en febrero de 2024, de la Directiva revisada sobre la Protección del medio ambiente a través del derecho penal, la cual tiene por objeto reforzar la utilización del derecho penal como medio disuasorio de la comisión de conductas perjudiciales para el medio ambiente por parte de personas físicas y empresas. Además, amplía el listado de conductas delictivas de 9 a 20 y plantea un endurecimiento de las sanciones.

ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones sólidas como eje de los Cursos
También ha habido oportunidad de discutir acerca de otras novedades legislativas acontecidas en 2024, en torno al objetivo 16, de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas que tiene como meta crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentan y garanticen el acceso público a la información y las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. En este caso se habló de la aprobación, en febrero de 2024, de la directiva anti-SLAPP o Ley Daphne. A través de ella se persigue proteger a las personas que participan en la vida pública contra reclamaciones manifiestamente infundadas o procedimientos judiciales abusivos, las “demandas estratégicas contra la participación pública”. En paralelo se ha traído a colación la problemática de la desinformación en red, pues la era tecnológica ha sido uno de los factores que ha desencadenado un auge de las fake news, las cuales obstaculizan los esfuerzos para lograr un desarrollo sostenible y afectan a los fundamentos de las sociedades democráticas.

Un tema, el marcado por el objetivo 16, en el que se ha incidido en el día de hoy compartiendo información acerca de la nueva Directiva sobre la Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad, que establece requisitos para que las empresas realicen diligencia debida en la identificación y mitigación de impactos adversos en derechos humanos y medioambiente, así como en la elaboración de planes climáticos.

Por último, se discutió acerca del acuerdo provisional alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo para el paquete de medidas de prevención de blanqueo de capitales. Entre ellas figura la llamada Sexta Directiva en Blanqueo de Capitales y la propuesta de Directiva sobre la lucha contra la corrupción. El objetivo no es otro que sensibilizar y atajar actos delictivos de índole económica, como la corrupción y blanqueo de capitales, para lo cual amplía el listado de delitos y el orden de las sanciones. Además, plantea la creación de nuevos organismos de supervisión, como la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo (AMLA).

Todos estos temas han sido tratados de la mano de profesionales con extensa experiencia como los profesores de la Universidad de Jaén M.ª Del Carmen Muñoz Rodríguez, Esther Pomares Cintas e Ignacio Benítez Ortúzar; la jurista y comunicadora especializada en clima y derechos humanos, Irene Rubiera de Felipe; y la profesora de Derecho Internacional Público de la Universitat Rovira i Virgili, Maria Marquès Banqué.

Además, el público asistente ha podido aprender de la experiencia de los profesores de la Universidad de Sevilla María Libia Arenal Lora y Jesús Ignacio Delgado Rojas, Juan Manuel de Faramiñán Fernández-Fígares, abogado y doctor en Filosofía y Derecho, y Lisardo García Rodulfo, abogado y miembro de la Junta Directiva del Grupo de Prevención del Blanqueo de Capitales del Colegio de Abogados de Granada. Además, participó como ponente Alessia Schiavon, Directora Ejecutiva de FIBGAR, quien también impartió unos talleres prácticos al finalizar los Cursos.

La XVIII edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Jaén, en Torres, deja una vez más muy buenas sensaciones por parte de ponentes y alumnado, y finaliza con la intención de haber ofrecido información y herramientas de utilidad y calidad para la comprensión y abordaje de las principales novedades adoptadas por la última legislatura europea, con un énfasis práctico basado en los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Esta nueva edición ha sido dirigida por Ramón Ruiz Ruiz, Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Jaén; Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, Catedrático Emérito de la Universidad de Jaén; María Garzón y Alessia Schiavon, respectivamente Presidenta y Directora Ejecutiva de FIBGAR.

Sobre la fundación
La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), ha sido creada en pro de los Derechos Humanos y la Jurisdicción Universal y sustentada sobre los pilares de la solidaridad, el respeto, la promoción de los derechos humanos, la cooperación al desarrollo de los pueblos, la mediación y la lucha contra la impunidad.

FIBGAR fomenta programas para actuar desde los ámbitos de la educación, la justicia, la sociedad, la política y la cultura que defiendan y apliquen los Derechos Humanos, en defensa de las víctimas y sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, así como para perseguir la corrupción y el crimen organizado en cualquiera de sus formas.

Las herramientas básicas que FIBGAR promueve para desarrollar las actividades que constituyen la esencia de la Fundación, son la investigación, la formación y la cooperación con otras fundaciones, organizaciones y entidades académicas, sociales, políticas y jurídicas, junto con la acción directa en coordinación con los actores afectados.