De izquierda a derecha: Jorge Corrales, director general de CEDRO; Julio Cerviño, profesor del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III; Carme Riera, presidenta de CEDRO; Marta Martínez, consejera delegada de Grupo Anaya; Manuel Vilas, escritor; Héctor Jiménez, director ejecutivo de Qbo Investigación y Estrategia.

Según el Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita, una iniciativa del sector editorial representado por CEDRO, los autores y editores de libros, periódicos, revistas y partituras en España reciben una menor remuneración por la reutilización de sus obras respecto a sus homólogos europeos.

En palabras del director general de CEDRO, Jorge Corrales, “los usuarios, tanto del sector público como del privado, no están remunerando adecuadamente a los autores y editores por la reutilización de sus contenidos, lo que está generando una desventaja competitiva grave, a la que hay que sumar los efectos del crecimiento del robo de contenidos, lo que se conoce como piratería de las obras escritas, especialmente con los servicios de mensajería, como WhatsApp, que se ha convertido en el principal canal de acceso ilegal a obras”.

Una remuneración muy inferior a la de Europa
Y es que según se subraya en el Observatorio, a pesar de que los titulares del sector editorial español facilitan la reutilización de sus obras (fotocopia, digitalización, comunicación pública, distribución, reproducción, compartición, etc.), ofreciendo un precio asequible para su uso, existe una baja concienciación sobre la necesidad de remunerar a los autores y editores de la cultura escrita por la reutilización de contenidos. En concreto, la remuneración obtenida por el sector editorial en otros países europeos es tres veces mayor a la de los españoles. 

En este sentido, desde CEDRO se considera que es fundamental contar con el compromiso del sector público, por el papel de liderazgo que desempeña a la hora de implementar buenas prácticas y por su responsabilidad en el desarrollo económico y del sector cultural y se ha puesto de manifiesto que el promedio de recaudación proveniente del sector público de sus entidades homólogas es del 55,82% del total de la recaudación, cifra que está muy lejos del 7,54% de la situación española.

En esta iniciativa también se ha analizado el impacto directo, indirecto y el retorno fiscal ―más de 20 millones de euros― en el caso de que el sector público remunerase la totalidad de los contenidos editoriales que reutiliza.

Además, el Observatorio señala que la piratería de contenidos editoriales no ha parado de crecer desde 2017. En 2022, el 27,5% de los accesos a páginas web ilícitas fueron de contenido editorial y sólo en este mismo año el acceso a este tipo de páginas creció un 59%.

¿Qué soluciones hay?
Una de las principales tareas es la lucha contra el robo digital de contenidos, así como garantizar el cumplimiento de las remuneraciones para autores y editores de libros, periódicos, revistas y partituras según lo dispuesto por la Ley de Propiedad Intelectual, donde se recogen los derechos por la reutilización de sus obras. Estas son las medidas que se han presentado en el Observatorio para revertir la situación:

• Remunerar de forma adecuada la reutilización de los contenidos y que sea la Administración Pública la que lidere este proceso, tal y como sucede en los países del entorno español.
• Contar con un organismo de la Administración con capacidad para llevar a cabo la supervisión y el control del cumplimiento de la Ley de Propiedad Intelectual en los sectores públicos y privados, como sucede en países como Francia. 
• Impulsar medidas legislativas para luchar contra la piratería mediante mecanismos que permitan actuar de forma ágil en las plataformas tecnológicas, incluidos los servicios de mensajería como WhatsApp o Telegram. 
• Adecuar la remuneración para autores y editores de forma paulatina a la media europea. 
• Educar y formar en buenas prácticas sobre la propiedad intelectual.

CEDRO es la asociación sin ánimo de lucro de autores y editores de libros, revistas, periódicos y partituras, editados en cualquier medio y soporte, que se encarga de defender y gestionar de forma colectiva los derechos de propiedad intelectual de estas publicaciones. Autorizados por el Ministerio de Cultura desde 1988, su misión es representar y defender los legítimos intereses de autores y editores promoviendo el uso legal de sus obras.